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 Por Cristina Baquero (Alcañiz)

Llegadas las cosas al punto donde se sitúan, al Presidente del Gobierno, ZP, no le queda más que esperar al mes de agosto, cuando la España oficial cierra sus oficinas, para ver si con el calor tórrido se enfrían las tormentas que le aquejan.
No es la menos la de la sentencia del Tribunal Constitucional.

Qué inútil resulta intentar explicar lo que es un Estado de Derecho a quienes, desde un bando u otro, están empeñados siempre en arrojar palabras como piedras al oponente. Tal es la Vicepresidenta De la Vega que asegura que los dirigentes del PP eran los culpables de todo el lío del Estatuto Catalán por cuestionarlo ante el Constitucional. Acudir al Constitucional cuando uno piense de buena fe que algo se ha hecho fuera de la ley, no es sólo un derecho sino, en muchos casos un deber. Y si el PP consideraba que el Estatuto Catalán no era constitucional, su obligación como partido era denunciarlo donde lo ha hecho.
Esta sentencia le obliga a ZP a nuevas piruetas, en las que es experto. Recuperar por vía de leyes lo que el Tribunal Constitucional ha recortado no deja de ser un ejercicio de malabarismo político, en la mejor línea pedagógica, para explicarle al ciudadano que toda ley tiene su trampa.
En agosto, el presidente tiene que tomar oxígeno porque luego le vienen todas seguidas, como la huelga general, las elecciones catalanas, presupuestos del estado, etc.
Todas las cartas están sobre la mesa, la única variable serían los atisbos de recuperación económica, los datos del paro de junio que pueden ser un espejismo como también los de agosto.

(Este texto aparece publicado en el periódico La Comarca del 9 de julio de 2010)