Opinión: La sentencia
Por Rosa Plantagenet (Secretaria General PP-Aragón)
Si hablamos estos días en un foro político de “la sentencia”, sin más, ya se sobreentiende que hablamos de la esperada sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Y al referirse a esta sentencia es ineludible recordar el escaso interés ciudadano que suscitó la reforma del Estatuto catalán, demostrada en su momento de forma inapelable con la escasa participación en las urnas y el poco apoyo con que fue aprobado, muy inferior al que obtuvo años atrás el Estatuto original. Como pasó, por cierto, allí donde se votaron otras reformas estatutarias.
Es decir, se ha sustituido ahora -realmente hace ya cuatro años- un Estatuto ampliamente refrendado por otro sin apoyo ciudadano. ¿Un éxito democrático? Pocas veces ha sido tan claro el divorcio entre el interés ciudadano y el interés político, algo que debería evitarse a toda costa, teniendo siempre en cuenta que es el interés ciudadano el que debe prevalecer de forma inapelable. Recordemos que hay muchos países donde una ley sometida a refrendo popular nunca hubiera sido aprobada con esa escasa participación. Razonablemente además.
No puedo hacer una valoración positiva de la sentencia, a pesar de que se ha demostrado ahora la oportunidad y acierto del recurso interpuesto por el Partido Popular. Y no puedo hacer una valoración positiva porque esta sentencia, como apuntan muchos analistas, no deja zanjada la cuestión, como hubiera debido hacer, sino que abre un periodo de indefinición y, en consecuencia, de inestabilidad institucional, altamente inconveniente siempre, pero mucho más en este delicado momento de crisis económica.
Primero, no me ha satisfecho el retraso de la sentencia, en atención al amplio desarrollo legislativo realizado al amparo de esta norma mientras ha estado sujeta al escrutinio del Constitucional. La revisión de estas leyes para adecuarlas ahora a las interpretaciones de la sentencia va a ser un proceso largo, penoso y sujeto a muchas resistencias.
Segundo, no me satisface la sentencia porque creo que debiera haber sido más contundente, más clara, más precisa. Entiéndaseme: dejar, por ejemplo, el término “nación” en el preámbulo del Estatuto pero privarle de relevancia jurídica es un ejercicio de equilibrio jurídico que a mí personalmente, que no soy experta en la materia, me sume en la perplejidad. Como les ocurrirá, seguro, a los ciudadanos, pocos, que tengan alguna inquietud por estos temas. No creo que la indefinición jurídica sea buena en ninguna ocasión, pero mucho menos con términos tan sensibles y manipulables, de los que el nacionalismo, siempre oportunista y tantas veces desleal, puede hacer bandera.
Tercero, no me satisface una sentencia interpretativa. Como alguien ha señalado, esto no zanja la cuestión sino que va a abrir un periodo de guerra de guerrillas con continuas escaramuzas, donde las distintas interpretaciones de unos y otros desemboquen de nuevo en los tribunales. Eliminar el carácter preferente de la lengua catalana, pero conservando su carácter vehicular y de uso normal en la enseñanza y en la administración pública va a permitir que los nacionalistas sigan tratando de laminar los derechos civiles de los castellanohablantes, me temo. Y aquí, entre los nacionalistas, cabe incluir a los socialistas, que han abandonado la bandera de la solidaridad, que dicen ser una de sus señas de identidad. El nacionalismo identitario, que es la nueva fe que han abrazado, nunca ha sido solidario sino, al revés, excluyente.
Hoy mismo leo que, incluso una vez conocida la sentencia, el Parlamento catalán, con una mayoría comandada por los socialistas, sigue aprobando leyes que contrarían y desafían la sentencia. Un anticipo de los problemas que se avecinan.
Pero permítanme que de momento no haga una especial valoración de los temas que fueron objeto de recurso por parte del Gobierno aragonés, la gestión del Archivo de la Corona de Aragón y las competencias de gestión de los recursos hidráulicos en la cuenca del Ebro, hasta no conocer el texto de la sentencia y haberlo estudiado a fondo. Prometo hacer esa valoración.
El Partido Popular, no obstante, ha hecho lo que debía hacer y pocas más iniciativas caben, no al menos hasta que no cambie de forma significativa la correlación de fuerzas y sea mayoritaria la evidencia de la necesidad de restablecer nuevos consensos para la convivencia y sobre nuevas bases más solidarias. Algo que deberán decir las urnas. La sentencia ha venido a demostrar que el recurso era necesario. Cuando lo presentamos, no sólo ejercimos nuestro derecho, sino que cumplimos con nuestro deber en defensa de los intereses generales.
Que nadie crea, por tanto, a quienes pretendan vender esta sentencia como una derrota del Partido Popular. Recuerden aquella frase pronunciada en el ya lejano año 2003 en el Palau Sant Jordi: “Aceptaré el Estatut que apruebe el Parlamento de Cataluña”. Quien la pronunció, Zapatero, ha sido el realmente derrotado. Sus fracasos personales no son relevantes, desde luego, pero por su condición de presidente los convierte en colectivos. Esta sentencia es otro de ellos. Y su gestión acumula ya tantos fracasos que toda ella lo es.
Alfonso Guerra señalaba estos días su satisfacción porque la sentencia, decía, mejoraba el texto original que él mismo votó, lo que, sin decirlo, avalaba la oportunidad del recurso presentado. Y es que la sentencia está sacando a flote todas las contradicciones de los socialistas, capaces de votar una cosa y de alegrarse porque alguien se la rectifica.
Y por último, ¿qué clase de relación se va a establecer a partir de ahora entre el socialismo catalán y el español, que ya, en su caso sí, son cosas distintas? ¿El concepto de país que dicen representar es el mismo o ya no lo es? No puedo alegrarme con esa constatación (sería poco inteligente hacerlo, porque a todos nos debilita), pero a raíz de la sentencia y de la reacción del PSC creo que puede decirse sin faltar a la verdad que el PSOE ha dejado de ser un partido nacional. Hoy ya no tiene presencia en Cataluña.