Opinión: LEY DE LENGUAS
Por Miguel Navarro (Alcañiz)
Hace unos días debatimos en las Cortes de Aragón la toma en consideración de la Proposición de Ley de Lenguas presentada por el Partido Socialista, que tuvo el beneplácito para su tramitación de CHA, IU y PSOE, la abstención del PAR y el voto en contra del Partido Popular. Hay que dejar claro que el Partido Popular quiere garantizar el cumplimiento del artículo 7 del Estatuto de Autonomía, que obliga a proteger las “modalidades lingüísticas propias de Aragón” y a que una Ley de Cortes establezca su uso, protección y promoción. Pero ese mandato no se cumplirá precisamente con la ley presentada por el PSOE, que es todo un despropósito.
Es imposible estar de acuerdo con el espíritu y los objetivos de esta ley, con un articulado que pivota sobre el aragonés y el catalán como lenguas propias de Aragón y desprecia el auténtico patrimonio cultural de la Comunidad, que son sus modalidades lingüísticas. Esas modalidades sí son propias de la Comunidad y muy poco tienen que ver con el catalán de Barcelona y el aragonés estándar, dos lenguas de laboratorio que se pretenden imponerse como patrones de normalización.
Si triunfa esa tesis no habrá normalización. En el caso del catalán lo que se producirá es la suplantación de las variedades lingüísticas de la zona oriental de Aragón por una lengua ajena. En el caso del aragonés normalizado se fomentará un empobrecimiento cultural de las auténticas hablas pirenaicas. Es falso que la ley socialista se adapte a la realidad socio-lingüística de Aragón. Lo que busca es transformar esa realidad en perjuicio de la cultura y la identidad aragonesas.
Tampoco esta ley resiste un mínimo análisis económico. ¿Cómo le podemos explicar a los ciudadanos que en medio de esta crisis que padecen se va a desarrollar una ley que tendrá una repercusión económica muy importante, con un coste que la DGA ni siquiera se ha molestado en calcular?
¿Alguien sabe cuántos profesores nuevos habrá que contratar para impartir la enseñanza primaria y secundaria en catalán y aragonés y el coste de los mismos? ¿Cuántos traductores necesitaremos contratar en las distintas administraciones públicas aragonesas? ¿Cuánto nos costarán las publicaciones oficiales en las distintas lenguas, la toponimia, la creación de un órgano administrativo nuevo…? Los aragoneses tienen derecho a saber cuánto les va a costar de su bolsillo la aplicación de esta ley errónea e innecesaria.
Parece que al Sr. Iglesias le corre prisa dejar resuelta su visión particular sobre las lenguas de Aragón. Eso sí, a costa de dejarnos un falso legado marcado por su impronta catalanista, no por la realidad sociolingüística de Aragón. Se lo dirán muy claro en los municipios del Aragón Oriental, donde la mayoría de ciudadanos no se identifican con el catalán como lengua propia. Los únicos benefactores reales de este despropósito de ley residen más al Este. Son los defensores de esa entelequia imperialista sin base histórica denominada Països Catalans. Los mismos que, apoyándose en la por otra parte tan digna de respeto lengua catalana, reclaman incluir parte del territorio de Aragón en un hipotético Estado catalán.
Es falso que esta ley no haga mal a nadie, como manifestó el otro día el portavoz socialista en las Cortes. Esta ley afecta negativamente a todos los aragoneses. Les perjudica porque consagra como propias una lengua ajena y otra que es una mera creación científica. Les perjudica porque atenta contra su auténtico acervo cultural. Les perjudica porque tendrá un elevado coste económico para fines innecesarios. Les perjudica porque será un instrumento útil para quienes ponen en cuestión la integridad territorial de Aragón y constantemente pretenden apropiarse de parte de su patrimonio.
Esta proposición de ley constituye una enorme irresponsabilidad política del actual Gobierno y no será aceptada sin conflictos por el conjunto de la sociedad aragonesa. Su única función es crear problemas donde a día de hoy no existen.
(Este texto aparece publicado en Heraldo de Aragón el 24 de octubre de 2009)