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Según publica Diario de Teruel en su edición del 30 de abril de 2009, el alcalde de Calanda, Manuel Royo (PSOE), fue juzgado en día 29 en la Audiencia Provincial por un presunto delito de falsificación de documento público por unos hechos ocurridos en septiembre de 2004. La Fiscalía solicitó una pena de 3 años de prisión por el delito de falsificación, mientras que la acusación particular pidió 4 años y medio, además de 1 año y 9 meses por otro delito de coacciones. La colocación de unos pivotes en una calle para impedir que los camiones causaran daños en las aceras y el mobiliario urbano fue el detonante del caso , al presentar denuncia el propietario de un almacén cuya puerta de acceso para cargar la fruta en los camiones quedó inaccesible para estos vehículos por los pivotes.

 Según esta denuncia, el alcalde falsificó supuestamente la fecha de la resolución de la Alcaldía por la que se ordenó la colocación de los pivotes.
Según las dos acusaciones, la resolución se hizo el día 28 de septiembre o en días posteriores tras un incidente que hubo con un camión que dañó una farola y las aceras de la calle. En cambio, de acuerdo con esta versión de los hechos, el alcalde puso la fecha del día 27 para justificar que previamente a la colocación de los pivotes se había emitido una resolución administrativa.
La Fiscalía y la acusación particular consideraron que estos hechos son constitutivos de un presunto delito de falsificación de documento público. El ministerio público pide por ello 3 años de prisión para Royo, que es la pena mínima contemplada en el Código Penal para este tipo de delitos, además de 2 años de inhabilitación como concejal o alcalde. La acusación particular solicitó por este mismo delito una pena de 4 años y medio de prisión, la inhabilitación especial de Royo durante 4 años para ser concejal o alcalde, y una multa de 9.000 euros. La acusación particular también acusó al alcalde de un presunto delito de coacciones por impedir a los afectados la libertad de entrar o salir del almacén por la puerta que daba a la zona donde se colocaron los pivotes por lo que solicitó una pena de 1 año y 9 meses de prisión. El abogado de la empresa afectada acusó igualmente al alcalde socialista de un delito de prevaricación continuada, por el que pidió 9 años de inhabilitación.