La Audiencia Provincial de Teruel juzga al alcalde de Calanda
Seg煤n publica Diario de Teruel en su edici贸n del 30 de abril de 2009, el alcalde de Calanda, Manuel Royo (PSOE), fue juzgado en d铆a 29 en la Audiencia Provincial por un presunto delito de falsificaci贸n de documento p煤blico por unos hechos ocurridos en septiembre de 2004. La Fiscal铆a solicit贸 una pena de 3 a帽os de prisi贸n por el delito de falsificaci贸n, mientras que la acusaci贸n particular pidi贸 4 a帽os y medio, adem谩s de 1 a帽o y 9 meses por otro delito de coacciones. La colocaci贸n de unos pivotes en una calle para impedir que los camiones causaran da帽os en las aceras y el mobiliario urbano fue el detonante del caso , al presentar denuncia el propietario de un almac茅n cuya puerta de acceso para cargar la fruta en los camiones qued贸 inaccesible para estos veh铆culos por los pivotes.
聽Seg煤n esta denuncia, el alcalde falsific贸 supuestamente la fecha de la resoluci贸n de la Alcald铆a por la que se orden贸 la colocaci贸n de los pivotes.
Seg煤n las dos acusaciones, la resoluci贸n se hizo el d铆a 28 de septiembre o en d铆as posteriores tras un incidente que hubo con un cami贸n que da帽贸 una farola y las aceras de la calle. En cambio, de acuerdo con esta versi贸n de los hechos, el alcalde puso la fecha del d铆a 27 para justificar que previamente a la colocaci贸n de los pivotes se hab铆a emitido una resoluci贸n administrativa.
La Fiscal铆a y la acusaci贸n particular consideraron que estos hechos son constitutivos de un presunto delito de falsificaci贸n de documento p煤blico. El ministerio p煤blico pide por ello 3 a帽os de prisi贸n para Royo, que es la pena m铆nima contemplada en el C贸digo Penal para este tipo de delitos, adem谩s de 2 a帽os de inhabilitaci贸n como concejal o alcalde. La acusaci贸n particular solicit贸 por este mismo delito una pena de 4 a帽os y medio de prisi贸n, la inhabilitaci贸n especial de Royo durante 4 a帽os para ser concejal o alcalde, y una multa de 9.000 euros.聽La acusaci贸n particular tambi茅n acus贸 al alcalde de un presunto delito de coacciones por impedir聽a los afectados la libertad de entrar o salir del almac茅n por la puerta que daba a la zona donde se colocaron los pivotes por lo que solicit贸 una pena de 1 a帽o y 9 meses de prisi贸n. El abogado de la empresa afectada acus贸 igualmente al alcalde socialista聽de un delito de prevaricaci贸n continuada, por el que pidi贸 9 a帽os de inhabilitaci贸n.